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Jubilación a los 67 sí o sí. El Gobierno ya lo ha dicho, lo ha escrito y está a punto de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros: la edad legal de jubilación de los españoles se extenderá dos años más. Y en medio de esta medida, impopular donde las haya pero entendida para garantizar las pensiones de las generaciones venideras, llega la clase política y hace una de las suyas cuando surge una voz desde dentro –la de la diputada de UPyD, Rosa Díez–, que pide un ejercicio de responsabilidad para que las Cortes Generales revisen el privilegiado sistema de protección social y de pensiones que rige en exclusiva para diputados y senadores. ¿Recuerdan? Dos legislaturas en un escaño y uno ya tiene garantizada cuando se retire la pensión máxima de jubilación.

Bueno, ya habíamos contado, el pasado diciembre, que ni Congreso ni Senado estaban por la labor de atender la petición de la diputada de UPyD. De hecho Díez tuvo que registrar hasta tres escritos ante la Mesa de sendas Cámaras para que su propuesta fuera, al menos, contestada. Al tercer intento, ya se le dijo que el Parlamento consideraba «válido y adecuado» el sistema de pensiones de sus señorías y que no había intención de cambiar el modelo.

Ahora, sin embargo, el Letrado Mayor de las Cortes Generales se ha dirigido a la diputada en cuestión para hacerle saber por escrito los motivos por los que caerá en saco roto su propuesta. ¿Adivinan? Uno: que la situación de diputados y senadores «no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos» porque los primeros «son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las Cámaras a las que pertenecen». Y dos: que las Cortes Generales no son las únicas que prevén un régimen de protección social para sus parlamentarios que incluyen prestaciones sobre presiones, además de que «ni siquiera han sido pioneras en esta cuestión».