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La moderación salarial no llega a los principales sindicatos españoles, que siguen disfrutando de fuertes subidas salariales o de generosas dietas gracias a unos convenios colectivos pactados antes de la peor crisis de las últimas décadas. Funcionarios y pensionistas tienen que hacer sacrificios para reducir el déficit público, pero estas organizaciones siguen ajenas al recorte de las políticas sociales.

Los trabajadores de UGT no verán disminuido su poder adquisitivo a pesar de que sus sueldos también dependen, en gran medida, de las subvenciones de las Administraciones. Los sindicatos se financian básicamente con las aportaciones del Estado central y de las CCAA, y con las cuotas de sus afiliados.

Los trabajadores del sindicato que dirige Cándido Méndez, el más cercano al PSOE, se han beneficiado durante los últimos dos años de una subida salarial superior al 7%. Según publicaba el BOE el 9 de junio de 2009, su poder adquisitivo aumentó el año pasado un 3,75%, a pesar de que el Índice de Precios de Consumo (IPC), que suele utilizarse para revisar los sueldos de los empleados en las compañías, retrocedió un 0,3% de media. Los salarios pactados en España en el sector privado crecieron un 2,4% el año pasado.
Sin austeridad
Esta subida contrasta con el convenio que pactaron los propios sindicatos en la función pública, que establecía leves incrementos de sueldo del 0,3% hasta 2012 y una cláusula de revisión salarial antes de las elecciones generales de 2012. Con la suspensión vía decreto de los acuerdos económicos de ese convenio, las diferencias entre los trabajadores sindicales y los estatales se amplía.

Según el convenio colectivo del personal laboral de UGT, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011, los empleados de esta central sufrirán subidas salariales este año y el próximo superiores al 1,75%, a lo que habría que sumar el objetivo oficial de inflación, del 2%.

En estos incrementos salariales no están contempladas las retribuciones de los dirigentes, que, según aclara el documento, tienen un estatus diferente. Tan sólo se sabe que Méndez reconoció en el programa Tengo una pregunta para usted que su sueldo ronda los 2.500 euros al mes.

La situación es algo distinta en CCOO, donde sólo han pactado incrementos adicionales a la evolución del IPC del 0,25%. Sin embargo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO fijó los salarios de algunos miembros de su Comisión Ejecutiva Estatal por encima de los 37.000 euros anuales. Sus colaboradores cobrarían 28.000 euros anuales.

Según las cifras extraídas de un documento interno de CCOO, para un número significativo de los miembros de la mencionada comisión ejecutiva con categorías de ordenanzas, auxiliares y administrativos de diferentes administraciones la medida supone duplicar, o incluso triplicar, los ingresos que perciben como trabajadores.

La crisis sigue sin llegar a las centrales
La capacidad adquisitiva de los sindicalistas y del resto de los empleados de UGT ha mejorado sustancialmente desde que se aprobó el nuevo convenio colectivo de la organización. A ellos parece que la crisis no les afecta, por lo que no han decidido recurrir al artículo 28.1 de su convenio marco, que permite no aplicar los aumentos salariales pactados con los empleados por razones económicas.

Según la cláusula, “aquellos organismos que, debido a su situación económica, acrediten objetiva y fehacientemente que no pueden asumir el incremento salarial pactado por este convenio, podrán no aplicar lo pactado en esta materia en el mismo”.

Sin apretarse el cinturón
Los trabajadores y los directivos de CCOO siguen teniendo unas condiciones económicas similares a las que tenían antes de la crisis, ya que el Ejecutivo de Zapatero no ha decidido frenar las transferencias de dinero público a estos organismos, como propone el Partido Popular.

Mientras que la Administración se ajusta el cinturón, estos empleados siguen disfrutando de aportaciones extra para hacer frente a gastos como las dietas de manutención, los gastos de telefonía móvil e Internet o el alquiler de vivienda si los trabajadores se tienen que desplazar de ciudad y los gastos derivados (luz, agua, electricidad…).

La banca española ha intervenido esta mañana en Santander en los cursos oficiados por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, ha opinado sobre temas económicos que son menester estos días: ha pedido más “ambición” para encarar la reforma laboral; ha aguijoneado a las cajas, por la lentitud para fusionarse y por recurrir a ayudas públicas; y, aunque con matices, ha echado un capote al Gobierno frente a los rumores que contemplan un supuesto rescate a España.
Martín ve en el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros “avances significativos”. Pero también dice tener “la impresión de que el Gobierno no está muy convencido”. “Y debería de tener claro -ha proseguido- que avanza en el terreno adonde va la sociedad española: la reforma podría ser más ambiciosa porque ahí radica el bienestar de los españoles”.

Sobre la petición de Bruselas de aplicar un mayor ajuste, Martín ha declarado que el hecho de que lo pida la UE no es “arbitrario ni va contra nuestros intereses”. Y sin salir de los márgenes continentales, ha defendido lo mismo que la Comisión Europea (CE), el Gobierno y demás organismos internacionales frente a ciertas informaciones de algunos medios: “[España] no va a acudir [al Fondo Europeo de Ayuda de Rescate] porque no va a hacer falta”.

No obstante, el representante de la banca española ha aseverado que el país “no puede salir solo” de esta situación, porque su desestabilización tiene que ver “con la debilidad del euro”. “Los mercados tienen que ir convenciéndose de la situación española, pero Europa nos tiene que ayudar porque no es sólo un problema nuestro”.

“La UE y la CE tienen que hacer sus deberes; cada uno de los países también”, ha alegado, en referencia a dos medidas que Martín cree necesarias: reformas estructurales y corrección de déficit. Aquí ha reclamado una visión estratégica conjunta. “Se ha vuelto al nacionalismo feroz. No hay que volver a 1985 (por el año que precedió a la entrada de España en la CEE).

Respecto a su propio sector, el presidente de la AEB asegura estar a favor de los stress test (pruebas de resistencia a las entidades: “Siempre hemos sido transparentes y hemos pedido transparencia; ocultar las cosas alimenta rumores perversos”). Tampoco ve mal la tasa a la banca, aunque con un matiz en forma de dardo envenenado a las cajas: “Que paguen los que han pedido fondos públicos”. Y ha citado a Obama cuando el presidente de EE UU insiste en que es inadmisible que los ciudadanos paguen los platos rotos de unos pocos.

Y como colofón, Martín ha alabado la fusión entre los bancos Sabadell y Guipuzcoano. “Es una muestra de que los bancos hacen bien sus deberes, sin ayudas de fondos públicas y sin ser llamados al orden por el Banco de España”. Otro tirón de orejas a las cajas. Sobre las fusiones, en general, Martín ha resaltado: “Esto es solo el inicio, el diseño”.

Una nueva huelga como la de los funcionarios del día 8 de junio, un despropósito que solo favoreció a los empresarios que se ahorraron 300 millones de € en sueldos. Ellos sacaron sus pancartas salieron en televisión y con ello, ¿ arreglaron el tema de los funcionarios?.
Consiguieron deslegitimar el concepto de huelga. Las huelgas o tienen un objetivo, o es una perdida del valor de la huelga.
El día 15 de junio dirán la fecha de esta convocatoria de huelga , por los antecedentes todo indica que convocaran un solo día de paro, con lo que vuelven a favorecer al empresario que se ahorrara millones en sueldos y, lo único que tienen que hacer es utilizar los stocks que todas las empresas tienen para satisfacer los pedidos que no se puedan servir ese día, ésta forma de huelga no le hace ni cosquillas a la ceoe y gobierno, es lo poco que les queda simular que están ofendidos, la pena es que todavía ahí compañeros en nuestra empresa que creen en ellos , cuando cada día más, están demostrando que son empresas de recogida de dinero, en subvenciones y favores personales.

Ya era hora de que CSI-F despertasen de la pantomima de los sindicatos vendidos a la patronal.

El comité provincial no acepta que se haya usado como ensayo para una huelga general.

El Comité Ejecutivo Provincial de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha anunciado que rompe la unidad sindical con UGT y Comisiones Obreras después del comportamiento de los dos sindicatos mayoritarios en el transcurso de la jornada conjunta de huelga celebrada el martes. La directiva burgalesa de la central mayoritaria en la función pública ha emitido un comunicado en el que arremete duramente contra UGT y CCOO a los que acusa de utilizar la huelga para intereses distintos a la defensa de los empleados públicos, por lo que da por «finalizado el diálogo con estas organizaciones». Una huelga que CSI·F anunció en primer lugar y que, «ahora ya ha quedado claro, apoyaron CCOO y UGT para neutralizarla y manipularla al antojo del poder político que los da cobijo».
CSI·F lamenta que estas dos organizaciones hayan actuado como «marionetas del poder político al que tanto ‘cariño’ han estado dando en estos últimos años de pésima gestión económica». Además, les acusan de que «han taponado la libre expresión del empleado público del descontento ante el recorte salarial aprobado por el Gobierno socialista; han coaccionado a los trabajadores tratando de impedir al acceso a sus centros de trabajo».
En ese sentido, CSI·F asegura que se ha negado a formar parte de los piquetes coactivos que han organizado estos sindicatos y que en la reunión preparatoria del día 7 de junio «intentamos hacerles entender que la labor de convencer se realiza antes, día a día, en los centros de trabajo; pero que hay que respetar la libertad del empleado público para sumarse o no a la huelga».

Fuente

MADRID (Reuters) – El Gobierno español, los sindicatos y la patronal concluyeron con “avances” la reunión que mantuvieron el miércoles para tratar de consensuar una reforma laboral, y mantendrán en los próximos días una nueva sesión de trabajo, a falta de escasos días para que acabe el plazo de negociación.

“La reunión ha permitido avances en algunas de las materias que están siendo objeto de negociación”, indicaron en la noche del miércoles en un comunicado conjunto el Ministerio de Trabajo, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, y la patronal CEOE.

El Gobierno y los agentes sociales acordaron mantener contactos permanentes de cara a una futura sesión de trabajo “que tendrá lugar en los próximos días”.

“Se ha acordado continuar el proceso con el objeto de aproximar posiciones y alcanzar un acuerdo sobre las reformas del mercado laboral”, indicó el comunicado.

El miércoles el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 16 de junio el decreto para la reforma laboral, independientemente de que se haya llegado a un acuerdo en el marco del Diálogo Social.

Después de meses de infructuosas negociaciones, el Gobierno se incorporó el pasado sábado a la mesa de diálogo de los agentes sociales para intentar acelerar un acuerdo para una de las reformas más solicitadas por economistas e instituciones internacionales en un país con cuatro millones de parados y una tasa de desempleo de más del 20 por ciento.

Zapatero indicó que, en caso de no haber consenso, el Gobierno ya tiene perfilado el contenido de las modificaciones que introduciría en el mercado de trabajo, que dijo afectarían a “aspectos esenciales” sin precisarlas.

GENERALIZACIÓN DEL DESPIDO DE 33 DÍAS
Según informó el miércoles Radio Nacional de España, que dijo haber tenido acceso a la propuesta del Gobierno, la “estrella” de la misma será la ampliación del contrato de fomento, que tiene una indemnización por despido de 33 días y hasta ahora se aplica a jóvenes y parados de larga duración.

Otro punto polémico que añadiría el proyecto del Gobierno, según RNE, concierne a las razones del despido procedente, ya que al empresario “le bastará con justificar una mala situación económica en su empresa para prescindir de personal de manera justificada”.

Una de las reclamaciones de los sindicatos, la reducción de la temporalidad, sería atendida en la propuesta, limitando el contrato por obra a un máximo de dos años y aumentando la indemnización por despido en las subcontratas para desincentivar su uso.

RNE añadió que el decreto incluirá el conocido como modelo austríaco (un fondo sufragado por las aportaciones de las empresas que pagará parte del despido), el modelo alemán de reducción de jornada, un plan de empleo juvenil, la revisión del programa de bonificaciones y la posibilidad de que las ETTs (Empresas de Trabajo Temporal) operen en sectores que hasta ahora tenían vetados.

Reuters